The HIV NGO rejects the idea of I kill on `without papeles'

La respuesta ha llegado en 48 horas. La Alianza de Plataformas de ONG del VIH, que engloba a más de 300 asociaciones dedicadas a esta infección, ha remitido [una carta][1] a la ministra de Sanidad, [Ana Mato,][2] en la que se desmarcan de su propuesta de que sean ellos [los que atiendan a los inmigrantes en situación irregular][3] que quedarán fuera del sistema el 1 de septiembre. "Su propuesta supone la creación de un sistema sanitario paralelo que puede tener un impacto negativo a nivel de derechos, de salud pública y económico", le dicen a la ministra.

La carta está resumida en tres puntos. El primero se centra en el aspecto económico de la propuesta. "La creación de un sistema paralelo de atención genera deseconomías de escala", afirman, "al tiempo que se incurre en nuevo gasto fijo para organizar y mantener" esta atención. Con ello se incumpliría el propósito de ahorrar, que es el objetivo de la medida, aunque se mantendría otro: castigar a un colectivo al que se acusa de hacer uso fraudulento del sistema sanitario. Pero, volviendo al tema económico, las ONG admiten que el nuevo sistema puede ser rentable si sus costes son "realmente muy bajos". Claro que ello "cuestionaría de raíz que la calidad de atención sea ya no la misma del sistema público, sino la mínima imprescindible para ser eficaz".

En su segundo punto se plantean su papel en este modelo. La carta no explicita alguna de las ideas que se manejaron durante su gestación, como que las organizaciones no querían ser parte de una solución que les parece discriminatoria. En un plan mucho más pragmático, exponen que "El Gobierno presentó unos Presupuestos Generales del Estado el 3 de abril que evidenciaron una desaparición de las subvenciones destinadas a ONG del VIH y sida para el desarrollo de acciones de salud pública. ¿Cómo piensan llevar a cabo estos convenios cuando las organizaciones estamos frente a una situación económica compleja, cerrando servicios y algunas a punto de desaparecer?".

El tercero expone algunas de las dificultades legales y de otro tipo que tiene la idea de Mato. "No se precisa de qué manera se va a regular el acceso al tratamiento, pruebas, expedición de recetas, medicación hospitalaria, atención especializada, ni si se va a legislar de manera excepcional para dar respuesta a situaciones", dicen.

Las ONG insisten en que quieren seguir haciendo su labor, y que esta carta no quiere decir que renuncien a sus programas, pero en otro plano. La carta concluye con una demanda: "Que el Gobierno tenga voluntad política, cese de tomar decisiones unilaterales y convoque de forma inmediata a la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de programas de prevención del sida como órgano legitimado para tomar decisiones sobre el modelo y las estrategias para la respuesta frente al VIH en el estado español. Además solicitamos que garantice el respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía, por tanto, sin exclusión de las personas inmigrantes no regularizadas, no solo por motivos solidarios y de justicia social sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH".

[1]: http://www.mediosysida.org/medios/prensa_noticias_det.asp?noticias_id=405
[2]: http://elpais.com/tag/ana_mato/a/
[3]: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/09/actualidad/1336555954_700416.html

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