Justice closes the swimming pools of the jails to save

Se acabaron las piscinas para los presos. El [Departamento de Justicia de la Generalitat][1] ha cerrado de manera definitiva las dos instalaciones que estaban en funcionamiento en las cárceles de Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) y Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), y ha anunciado que, pese a que ya están construidas, no se pondrán en funcionamiento las piscinas de los centros penitenciarios del Puig de les Basses (Figueres) y Mas d'Enric (El Catllar). La Generalitat pretende ahorrar gastos a costa de unas instalaciones que tienen "un coste elevado en comparación con el uso que se les da", ya que solo permanecen abiertas tres meses al año, explicaron a este diario fuentes del departamento.

Según los cálculos del Gobierno catalán, el coste de mantener en funcionamiento cada una de las piscinas supera los 10.000 euros por temporada. A ese gasto anual hay que sumarle el pago del salario de un socorrista durante un trimestre. El coste de ese socorrista es "más difícil de cuantificar", según un portavoz, porque "formaba parte de convenios más amplios con entidades colaboradoras".

Las piscinas de las cárceles, cuya construcción originó en su día un intenso debate, tienen características comunes: unas dimensiones de 25 por 12,5 metros y una profundidad de 1,40 metros. Son piscinas descubiertas y polivalentes, con un aforo máximo de entre 125 y 130 personas, detallaron las mismas fuentes.

Pese a que las piscinas de Brians 2 y Lledoners ya han echado el cierre, el Departamento de Justicia hará una excepción y dejará que siga en funcionamiento la del centro penitenciario de jóvenes, en La Roca del Vallès. "Se trata de una instalación más pequeña, con un buen retorno en lo que se refiere a su uso y al incentivo que supone para los jóvenes, ya que también incorpora otros usos educativos", explicó un portavoz del departamento que dirige Pilar Fernández Bozal.

Aunque se queden sin agua y sin bañistas, las piscinas ya están construidas, de modo que convendría darles un nuevo uso. Esa es la razón por la que la Dirección General de Servicios Penitenciarios ha pedido a los directores de los centros afectados por la medida que presenten sus proyectos para aprovechar los espacios y darles un "uso alternativo", según las mismas fuentes. El departamento ya ha recibido diversas propuestas, que a grandes rasgos van en la línea de aprovechar un espacio aproximado de 312 metros cuadrados para "actividades deportivas". Los directores han pensado en instalar campos de fútbol y otras pistas lúdicas. La idea es que, a diferencia de las piscinas, puedan ser utilizados todo el año y por más internos, de forma que se obtenga un mayor rendimiento de la inversión.

Los dos centros penitenciarios que debían servir para sustituir las viejas instalaciones de las comarcas de Girona y Tarragona no han abierto sus puertas debido a los recortes presupuestarios. La cárcel de Figueres, por ejemplo, debía estar ya en funcionamiento, pero la falta de liquidez ha retrasado la puesta a punto de algunos servicios básicos. La construcción ha costado más de 100 millones de eurosy su mantenimiento, aun sin un solo preso entre rejas (tiene capacidad para 750), supone un coste mensual de más de un millón, como denunció Comisiones Obreras. En el caso de la de El Catllar, las obras están muy avanzadas, aunque aún no han concluido.

Justicia prevé que ambas entren en funcionamiento entre este año y el que viene. El departamento no ha podido anular la construcción de las piscinas, ya que cuando se tomó la decisión las obras de las dos instalaciones ya estaban finalizadas, según un portavoz.

[1]: http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia
Enclosure: http://ep00.epimg.net/ccaa/imagenes/2012/04/15/catalunya/1334518574_580639_1334518646_miniatura_normal.jpg

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