A judge poses to the Constitutionalist his doubts on the labor reform

Un caso de despido disciplinario seguido en un juzgado de lo Social de Madrid ha servido para que el juez presente la primera cuestión de inconstitucionalidad [contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado 10 de febrero][1] que motivó la oleada de protestas sociales que culminaron con la última [huelga general.][2] La norma sigue su tramitación en el Congreso.

El magistrado titular del juzgado número 30, José Ángel Folguera, cuestiona ante el Tribunal Constitucional, en concreto, la eliminación de los salarios de tramitación (los que debe abonar el empresario desde que el despido se hace efectivo hasta que un juez lo declara, en su caso, improcedente).

Pero también se refiere a otras posibles causas de inconstitucionalidad, como la inexistencia de la "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constitución al Gobierno para aprobar un decreto ley o posibles discriminaciones que el juez identifica en la diferencia de trato a trabajadores con derecho a prestaciones por desempleo y sin él.

El caso quedará pendiente de resolución hasta que el Tribunal Constitucional responda a las dudas que el juez madrileño plantea.

[1]: http://politica.elpais.com/politica/2012/04/12/actualidad/1334246091_092271.html
[2]: http://elpais.com/especiales/2012/huelga-general/

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