Health forces to lower the prices to the laboratories that agreed with the Meeting of Andalusia

El Ministerio de Sanidad ha cumplido su amenaza con los cuatro laboratorios que firmaron con la Junta de Andalucía el convenio de adjudicación de la subasta de fármacos. El departamento que dirige Ana Mato ha informado a las empresas (Industria Química y Farmacéutica Vir, Medinsa, Uxafarma y Aurobindo) de que revisará a la baja sus precios para que la rebaja que se ha pactado con el servicio Andaluz de Salud (SAS) se extienda al resto de España.

Estas cuatro empresas fueron las únicas que acudieron a la firma del acuerdo con el SAS el pasado 23 de marzo, a 48 horas de las elecciones autonómicas, cuando la victoria del PP por mayoría del PP por mayoría absoluta parecía el único resultado posible. En el [concurso público puesto en marcha por la Junta][1] resultaron seleccionados 11 laboratorios, [pero siete de ellos dieron plantón a la Junta][2], que aquel mismo día denunció que las empresas habían dado un paso atrás por "presiones y amenazas" del altos cargos del PP y del Gobierno central. El Ejecutivo de Mariano Rajoy negó haber ejercido cualquier tipo de presión.

Las cuatro empresas que sí acudieron a la cita contaron a la Junta que habían sido advertidos de que, si seguían adelante, les obligarían a bajar sus precios hasta dejarlos al nivel de los ofrecidos a Andalucía. El procedimiento iniciado ahora corrobora la versión de las empresas.

Los laboratorios han recibido una notificación en la que se les informa del inicio de un "procedimiento relativo a la reconsideración de las condiciones de financiación y, en su caso, de dispensación" de los medicamentos que cada uno ha acordado con la Junta. En el texto, Sanidad recuerda a los laboratorios que es el Ministerio el que tiene las competencias para fijar los precios y las condiciones de venta de los fármacos y les da 10 días de plazo para que les remita la "justificación económica en la que esa empresa se ha apoyado para ofrecer" el precio más barato a Andalucía. Las empresas pueden también presenta alegaciones en este plazo.

La Junta de Andalucía pensaba ahorrar hasta 200 millones de euros al año (40 millones e la primera fase) con la subasta de los principios activos activos, pero la medida está ahora en el aire porque el Gobierno central ha anunciado la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, lo que supone la suspensión automática de la resolución por la que se convocó la subasta.

[1]: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/19/andalucia/1332162858_433662.html
[2]: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/23/actualidad/1332501826_632462.html
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