The frontier checkpoints by the summit surprise the travellers

El restablecimiento de controles fronterizos por la celebración de la cumbre del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona ha sorprendido a los viajeros que, desde medianoche, entran en Cataluña a través del aeropuerto de El Prat y de la frontera terrestre con Francia. Desde hoy y hasta el próximo 4 de mayo, el Gobierno ha suspendido temporalmente el tratado de Schengen-que permite la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea- para evitar la llegada de activistas antisistema que supongan una amenaza para la cumbre.

"Los controles están dando resultados y están teniendo un efecto disuasorio muy importante", ha explicado Jesús María Gómez, comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Más de 300 agentes permanecen en los pasos fronterizos por carretera, donde realizan una inspección ocular a los vehículos que entran en España y paran de forma aleatoria a algunos de ellos. Tanto en las carreteras como en los aeropuertos de El Prat y Girona, los pasajeros se han visto sorprendidos por la presencia policial. "A pesar de que se ha informado del tema, hay muchos pasajeros a los que les ha pillado por sorpresa. Pero en general, la gente se lo está tomando bien", ha defendido Gómez.

Los controles se realizan con la máxima celeridad para evitar complicaciones de tráfico. Aun así, se han producido algunas colas, poco importantes, en el paso de La Jonquera, el más importante entre Cataluña y Francia por volumen de circulación. En el caso de detectar algún elemento sospechoso, los agentes obligan al conductor a detenerse y registran el vehículo. La policía dispone en la frontera de ordenadores con bases de datos para detectar a personas con antecedentes, "o que se mueven en el mundo de la algarada o antisistema", ha añadido el comisario.

El tratado de Schengen contempla que la libre circulación de personas puede interrumpirse temporalmente en caso de que haya una "seria amenaza" para "el orden público o la seguridad interior". El Departamento de Interior de la Generalitat catalana, pidió por carta al Ministerio del Interior la suspensión del acuerdo para evitar la infiltración de personas que puedan boicotear la celebración de la cumbre. Ese mismo argumento –el riesgo de incidentes durante el encuentro del BCE- sirvió a una juez de Barcelona para enviar a prisión sin fianza a tres de los detenidos durante la huelga del 29-M por riesgo de "reiteración delictiva".

El subdelegado del Gobierno en Girona, Carles Jaume Fernández, ha justificado la medida para preservar la seguridad de la cumbre –que se celebrará el próximo jueves– y garantizar la buena imagen que "Barcelona, Cataluña y España deben proyectar a toda Europa".

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