A court of Bahréin will repeat the judgment of the hunger striker

La Corte de Casación de Bahréin ha dictaminado hoy que el juicio contra Abdulhadi al Khawaja y otros 13 activistas debe repetirse ante un tribunal civil. Un tribunal militar les condenó a cadena perpetua por su implicación en la revuelta popular del año pasado. Al Khawaja, de 51 años, ha puesto en jaque al Gobierno de Manama al declararse en huelga de hambre. Cuando están a punto de cumplirse tres meses de su ayuno, su familia acusa a las autoridades de estar alimentándole por la fuerza, algo que éstas han negado.

"Abdulhadi no ha abandonado su huelga de hambre, pero le han alimentado a la fuerza", declaró Khadija al Musawi después de pasar una hora con su marido. La misma alegación fue difundida por otros familiares que el domingo pudieron finalmente visitarle en el hospital donde se encuentra ingresado, después de dos semanas sin noticias suyas. Al Musawi acusó a las autoridades de haberlo drogado y atado, para introducirle alimentos por la fuerza mediante una sonda. El centro médico rechazó en un comunicado.

"El paciente no ha sido alimentado a la fuerza o tratado en contra de su voluntad", asegura el comunicado difundido anoche por el Hospital Militar de Bahréin. "Ha estado tomando algunos suplementos nutritivos de forma voluntaria, pero cuando su nivel de azúcar ha bajado de forma significativa hoy, sus médicos han pedido y recibido su consentimiento para insertarle una sonda nasogástrica para alimentarle", añade el texto que la Oficina de Información del Gobierno envió por email a los periodistas.

Al Khawaja se ha convertido en la última bandera de las protestas que las mayoría chií de la estratégica isla-Estado (sede de la V flota de EEUU) libra desde hace 14 meses contra el cuasimonopolio del poder por la familia real (suní). Su ayuno pone a las autoridades entre la espada y la pared. Si le liberan, se verá como un signo de debilidad; pero su muerte lo convertiría en un mártir y añadiría leña a las protestas que siguen produciéndose casi cada noche. De hecho, en vísperas del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en la isla hace ocho días, trasladaron al activista al Hospital Militar, el mejor del país.

De ahí la importancia del dictamen anunciado hoy por el Tribunal de Casación, y que permite una salida a los gobernantes. La revisión tendría que haberse anunciado el lunes pasado, pero fue pospuesta una semana sin explicación. Amnistía Internacional denunció que ese retraso estaba "jugando" con la vida de Al Khawaja. El deterioro de la salud del activista, que el viernes 20 de abril le dijo a su mujer que desde la noche del día anterior había dejado de ingerir líquidos, aumentó el temor de que pueda morir en detención y la preocupación internacional.

"La última vez que mi madre pudo hablar con él, tenía dificultades para respirar y hablaba muy despacio y muy bajito; estaba claramente muy débil", señalaba el sábado Maryam al Khawaja, una de las dos hijas del activista, en conversación telefónica desde Dinamarca. La Oficina de Información del Gobierno no atendió la solicitud de EL PAÍS para comentar el caso.

Maryam no tenía ninguna esperanza en el dictamen de la Corte de Casación. "La Comisión Internacional para Bahréin ya denunció la ilegalidad de los tribunales militares y las autoridades no hicieron caso. No tenemos un sistema de justicia independiente. Los tribunales obedecen las órdenes de gente del régimen", aseguraba. También se mostraba escéptica respecto a una eventual salida negociada, como la que ha propuesto Dinamarca, que se ha ofrecido a acoger a Al Khawaja si es liberado

"Primero porque los gobernantes quieren trasmitir la idea de que están ganando y no van a dar marcha atrás; y en segundo lugar, porque mi padre es una prueba andante de las torturas y malos tratos que se utilizan en la cárcel, saben que hablará sobre lo que le han hecho", asegura. Advierte además de "la creciente radicalización de la calle". "Algunos empiezan a tomar como modelo Irán, pero eso no es lo que nos gustaría", concluye sabedora de que la sombra de ese país limita el interés de la comunidad internacional en el conflicto.

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