Bottle completes its greater operation of sale of municipal buildings

El Gobierno municipal de Ana Botella (PP) lleva semanas manteniendo contactos con una docena de potenciales inversores, algunos de los cuales han mostrado "mucho interés", según fuentes del Ayuntamiento, en hacerse con la sede del área de Urbanismo. El inmueble, de 14.190 metros cuadrados, está situado en la calle de Guatemala, un área residencial de alto poder adquisitivo.

Es un edificio enorme, laberíntico, con algunas zonas en ruina, "viejo no, lo siguiente", según se dijo desde el Ayuntamiento cuando decidió venderlo, en otoño, para cuadrar sus presupuestos. Saldrá a concurso en junio, por un precio inicial de 72 millones y con la esperanza de recaudar hasta 100. Se adjudicará en septiembre, con la idea de que el propietario pueda pedir la licencia de obras al día siguiente, sin necesidad de trámites urbanísticos. "El precio ha sido fijado a la baja, pero cuando hay competencia...", aventura una responsable municipal, que añade que hay entre 12 y 14 interesados, al menos cinco con intención firme.

De sus 32.000 metros cuadrados de edificabilidad, hasta un 30% puede dedicarse a comercio. "Hemos tanteado y prácticamente a todos les interesa un uso mixto", añade. Así, unos 10.000 metros serían para tiendas (en principio, no una gran superficie) y el resto para vivienda, con 4.500 metros de zonas verdes y 500 metros de uso viario. También podría dársele un uso hotelero, pero nadie ha preguntado por esta opción.

Entre los interesados hay inversores extranjeros (entre ellos, uno muy potente sudamericano) y grandes empresas españolas que buscan patrimonializarse y explotar la superficie comercial para sus intereses de marca.

El cerca de un millar de funcionarios de Urbanismo se trasladará en régimen de alquiler al edificio APOT (en el Campo de las Naciones), que el Ayuntamiento está también a punto de vender. En otoño esperaba obtener 50 millones y pagar luego un alquiler bajo, tres millones al año durante al menos cinco. Adecuar el edificio costará un millón: las gestiones se harán en la planta baja. Será la última gran mudanza de un área de Gobierno en los últimos años, y una de las mayores operaciones inmobiliarias municipales.

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