Friday, May 11, 2012

Two high positions of Extremadura resign by their private works

Tan solo dos días después de que el consejero de Salud de Extremadura, Francisco Javier Fernández Perianes, [dimitiera por compaginar su actividad política con la de médico][1] en Portugal, el delegado de Gobierno, Alejandro Ramírez del Molino, y la directora de Infraestructuras y Transportes, Marta García, han presentado su renuncia por la incompatibilidad de su cargo con la titularidad de una oficina de farmacia en Badajoz.

Ramírez del Molino, que fue diputado nacional del PP en la legislatura anterior, ha asegurado desconocer que incumplía la Ley Regional de Incompatibilidades ya que su "declaración de bienes ha sido similar" a la que presentó cuando fue elegido como diputado. En una rueda de prensa ha explicado que la Oficina de Conflictos e Intereses, que depende de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, le había comunicado la incompatibilidad hacía "10 o 12 días" y que la Abogacía del Estado le acababa de ratificar esta opinión.

"Cabían dos posibilidades: o me deshacía de la titularidad de la oficina de farmacia, que es mi profesión, y me dedicaba a la vocacional, que es la política" o a la inversa, ha afirmado Ramírez del Molino, que se decantó por continuar con su actividad privada. Germán López Iglesias será el nuevo delegado de Gobierno en Extremadura, según ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.

Aunque la renuncia de la directora de Infraestructuras, Marta García, se ha producido "por motivos personales", según han confirmado la vicepresidenta del Gobierno extremeño, Cristina Teniente, también podría haberse producido una situación de incompatibilidad. Según han informado medios regionales, su marido, Juan Francisco Coloma Miró, posee el 23% de las acciones de INPROESA (Ingenieros Proyectistas Extremeños), lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Extremadura, que prohíbe a los altos cargos de la Junta relaciones de parentesco de primer grado con alguien que posea más del 10% de acciones de una empresa que contra con las administraciones públicas. INPROESA fue la adjudicataria en junio de 2010 de la obra de la Ronda Sur de Badajoz, todavía con el Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara.

[1]: http://politica.elpais.com/politica/2012/05/08/actualidad/1336504162_064582.html

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