Wednesday, May 16, 2012

Rajoy completes the reform of RTVE without counting on the opposition

Los principales grupos de la oposición no respaldarán, salvo sorpresa de última hora, la convalidación del real decreto ley que da un giro radical al modelo de gobernanza de la televisión pública. El diálogo para llegar a pactos sobre la designación del presidente de RTVE -que tendrá en su mano todo el poder ejecutivo- y el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración ha sido prácticamente nulo. PSOE y CiU expresan su malestar por la contrarreforma emprendida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Con el cuento de la austeridad se han cargado la pluralidad en el Consejo", expresan fuentes de la formación catalana.

El real decreto ley que mañana se vota en el Congreso de los Diputados echa por tierra uno de los cambios de mayor calado en el medio siglo de vida de RTVE: el nombramiento de su presidente por dos tercios del Congreso de los Diputados. A partir de ahora, la televisión vuelve a la órbita del partido único. Su próximo responsable podrá ser designado solo con mayoría absoluta. El PP no necesitará el respaldo de ningún grupo. El consenso pasa a la historia. Si en la primera votación no se alcanza la mayoría cualificada, se repetirá 24 horas después y entonces solo requerirá la mitad más uno de los sufragios.

Este cambio en las reglas de juego es el principal argumento que esgrimen los socialistas para rechazar cualquier posibilidad de pacto con el PP. Hasta el momento, Rajoy solo ha puesto encima de la mesa un nombre para presidir la televisión pública. Su identidad no ha sido revelada, aunque a los socialistas no les ha gustado el currículo profesional que atesora el candidato del jefe del Ejecutivo, ligado al PP gallego.

A la hora de convalidar el decreto, el PP puede quedarse solo. El PSOE acusa al partido en el poder de usar el "rodillo" para "expropiar" al Parlamento el nombramiento de los gestores de la corporación. CiU tampoco tiene intención de votar a favor, según fuentes convergentes, que admiten que, al menos hasta ayer, no ha habido ningún tipo de contacto por parte del PP para negociar el relevo en la corporación. Las mismas fuentes aseguran, sin embargo, que existieron conversaciones para desatascar la cúpula de RTVE. Pero nunca, insisten, para modificar el modo de elección del Consejo de Administración. Desde julio de 2011, cuando dimitió Alberto Oliart, la corporación está descabezada. Los consejeros han ido rotando cada mes en la presidencia, pero con una mermada capacidad de mando.

Tras el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, se reduce de 12 a nueve el número de consejeros. Y para su nombramiento solo se requiere la mayoría absoluta del Congreso (elige a cinco) o del Senado (proclama a cuatro). "Había un pacto con el PP para desbloquear el nombramiento del presidente, pero nunca se habló de cambiar el régimen jurídico del Consejo de Administración", afirman fuentes de CiU.

Ni siquiera existe acuerdo sobre el reparto de los nueve consejeros. El PP exige cinco plazas y el PSOE reclama cuatro. Pero los populares quieren dar entrada a CiU restándole un representante a los socialistas. En cualquier caso, será un órgano mucho menos plural que el que se eligió hace seis años, en el que estaban presentes PSOE, PP, CiU, IU, ERC, UGT y CC OO. El decreto deja expresamente fuera a los sindicatos.

El PP tiene urgencia por nombrar a los nuevos consejeros (uno de los cuales accederá al cargo de presidente) para dar un golpe de timón en la televisión pública y relevar a los directores de TVE y RNE y a los jefes de los informativos, convertidos en la diana favorita de los populares.

Pero inicialmente solo se podrán elegir cinco miembros, ya que cuatro de los actuales vocales (dos del PP, uno del PSOE y otro de IU) no concluyen su mandato hasta enero de 2013. El Gobierno ha alterado los criterios para designar a los consejeros, pero no para cesarlos, recuerda un dirigente de IU.

Además, a partir de ahora, los consejeros no tendrán plena dedicación y cobrarán solo dietas por asistencia a las sesiones. En la práctica, este organismo, con un menor peso en la gestión, se reunirá aproximadamente una vez al mes (ahora lo hace una vez por semana). Dejará de ser un órgano colegiado de control y su papel será casi simbólico, según coinciden los principales grupos de la oposición. "El PP quiere tomar al asalto la institución, ya que el presidente podrá hacer lo que le dé la gana", resumen.

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