Tuesday, May 1, 2012

The movement antitolls defies to But `operation in the heat of retorno'

El [movimiento antipeajes, que alienta a los catalanes a pasar sin pagar por las autopistas de esta comunidad][1], ha encendido todas las alertas del Gobierno de Artur Mas. Impulsado por partidos independentistas y colectivos que concentran el descontento social en muchos ámbitos, el movimiento ha convocado para este mediodía, a través de las redes sociales, una acción en una docena de estaciones de peaje consistente en pasar sin pagar como protesta por la escasez de vías gratuitas en Cataluña.

La protesta, que coincide con la operación retorno del puente del Primero de Mayo, nació contra la política de infraestructuras del Gobierno central e inicialmente contó con la aquiescencia de la Generalitat. Sin embargo, el malestar de las empresas concesionarias, controladas mayoritariamente por el grupo Abertis, ha obligado al Gobierno de Artur Mas a hacer una complicada pirueta política en los últimos dos días, consistente en amenazar con multas de 100 euros a quien se salte el peaje al tiempo que mantiene una actitud de "proximidad" a la protesta.

Ayer mismo el portavoz del Gobierno catalán, [Francesc Homs, insistió en que comprende las razones de quienes quieren saltarse el peaje][2], pero insistió en que los Gobiernos deben hacer cumplir la legalidad. El Ejecutivo de Artur Mas está entre dos fuegos. Por una parte, siempre ha avivado las reivindicaciones sobre las infraestructuras catalanas; pero, por otra, tanto el Gobierno como CiU mantienen excelentes relaciones con el grupo Abertis. De hecho, el presidente de la concesionaria, Salvador Alemany, es el presidente del grupo que asesora al presidente Mas en asuntos de política económica. Alemany también fue distinguido el año pasado con la Creu de Sant Jordi.

La amenaza sancionadora del Gobierno catalán estrenada el pasado sábado por la noche, según la cual denunciará a todos los conductores que se han negado a pagar el peaje, intenta diluir el seguimiento de la protesta, que Abertis cuantifica hasta ahora en unos cien conductores diarios. De hecho, la posibilidad de aplicar multas choca con la tesis en la que se han apoyado los antipeajes, que ha defendido que ninguna norma establece la sanción por saltarse un peaje, para conseguir un mayor seguimiento de la acción reivindicativa. Abertis mantiene que denunciará ante el Servició Catalán de Tráfico a todos los conductores que se han negado a pagar el peaje para recuperar lo impagado y que se les sancione con una multa.

El consejero de Interior, Felip Puig, advirtió ayer de que esperan retenciones importantes motivadas por las personas que se oponen a pagar y que obstaculizan los peajes hasta que se les abre la barrera.

Puig descarta enviar a los Mossos d'Esquadra porque ha dicho que son las concesionarias las que deben denunciar a los infractores. Más allá del dispositivo previsto para la operación retorno, Abertis no pondrá en marcha ningún dispositivo especial para cubrir la protesta que este mediodía se generalizará en catorce peajes catalanes y dos valencianos.

Fuentes de la compañía señalaron que la respuesta que pueda tener la protesta convocada para hoy es "una incógnita" y rechazaron la posibilidad de levantar barreras sin tomar los datos de todas los conductores insumisos con los peajes, pese a que hoy está previsto que circulen por las carreteras catalanas unos 200.000 vehículos. Las plataformas convocantes, #novullpagar y #Prou Peatges, prevén originar largas colas y llaman a hacer sonar el claxon de los vehículos en caso de congestión tras las barreras.

Abertis lamenta la "politización" que ha tomado una protesta que la concesionaria acota a un "grupo pequeño respecto a los miles de usuarios diarios de las autopistas catalanas". En todo caso, aseguran, remitirán al Servicio Catalán de Tráfico los datos de todos los vehículos que se han negado a pagar los peajes hasta ahora para que el ente de la Generalitat inicie los expedientes sancionadores, con las respectivas multas, y la reclamación administrativa para que los conductores asuman el pago del peaje que se salten.

El Servicio Catalán de Tráfico prevé gestionar todas las denuncias que las concesionarias le hagan llegar. El ente autonómico defiende que el artículo 153 del Código de Circulación atribuye la capacidad sancionadora por haber superado una señal de peaje sin haber pagado mientras que la Ley General de Tráfico sería la fija la cuantía de la multa, de hasta 100 euros. La multa es justo lo que niega Prou Peatges para intentar impulsar la protesta. Incluso el principal ideólogo de la protesta, Josep Casadellà, quien colgó en la red el primer video negándose a hacer efectivo el coste del peaje de la AP-7 a su paso por Girona, está convencido de que será denunciado.

Con la polémica en pleno auge, el Departamento de Territori ha decidido avanzar unas semanas la reunión del grupo de peajes, en el que participan sindicatos, grupos parlamentarios y organismos vinculados a la movilidad. El próximo encuentro se celebrará el próximo 14 de mayo y, si bien el Gobierno se niega a desvelar todavía el orden del día, sí que admite que la campaña de protesta será uno de los temas que tendrán que abordar sus miembros.

[1]: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/29/catalunya/1335724679_077068.html
[2]: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/30/catalunya/1335777748_957463.html
Enclosure: http://ep00.epimg.net/ccaa/imagenes/2012/04/30/catalunya/1335818611_737992_1335819145_noticia_normal.jpg

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