Monday, April 23, 2012

The YPF inspectors registered the floor of Brufau

La nueva dirección de la petrolera argentina YPF se ha propuesto acceder a los secretos más ocultos de la compañía. Con esa intención el lunes pasado, mientras la presidenta Cristina Fernández anunciaba la expropiación, decenas de funcionarios se presentaron en la sede de la entidad enarbolando un "decreto de necesidad urgente" que les facultaba para desalojar a los 16 directivos de la compañía y cortarles las cuentas de teléfono y de correo electrónico. Dos días después del desalojo, un emisario enviado por los interventores de YPF acudió al departamento que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, tiene alquilado en el barrio porteño de Recoleta.

 En principio, su misión consistía en entregar la orden notarial de revocación de poderes, un documento en el que se dejaba bien claro que Brufau ya no pinta nada en YPF: "Asimismo, se han revocado todos los poderes que se hubieran otorgado oportunamente a su favor", señala el escrito. Pero en la vivienda no estaba Brufau, sino una empleada doméstica. Y el enviado de YPF no se limitó a entregar la carta, sino que entró en la vivienda, sacó una cámara y empezó a tomar fotografías en todas las dependencias del departamento, según informaron fuentes de Repsol.

"Fue un allanamiento de una propiedad privada", indicó un directivo de la compañía. "No sabemos con qué fin lo hicieron ni qué pretenden sacar, pero se presentaron sin orden judicial de registro ni de inspección y tomaron fotos de todas las habitaciones y sus pertenencias", añadió.

En la actualidad, los cuatro directivos españoles de los 16 que conformaban el consejo de Repsol-YPF ya se encuentran en España. "La experiencia del desalojo fue bastante triste y desagradable", indicó uno de ellos mediante conversación telefónica. Dos de ellos, que prefieren ocultar sus cargos y nombres, se vieron obligados a responder durante varias horas a las preguntas que les planteaban los nuevos interventores sobre la contabilidad de la empresa.

"El lunes vivimos momentos muy tensos, momentos en que a ninguno de los dos [directivos] les fue permitido comunicarse con sus familias. Les interrogaban los nuevos directivos de la compañía, pero el decreto de necesidad urgente les otorgaba poderes de autoridad estatal. Y el martes tuvieron que volver a la empresa para que les siguieran interrogando. Al día siguiente, después de varios años en Argentina, decidimos que lo más razonable era irse. Y lo hicimos a través de Uruguay. No es fácil dejar toda una vida atrás en unas horas, pero nos pareció lo más sensato", indicó uno de los directivos.

En Buenos Aires, el acceso a las cuentas de la empresa comienza a darle sus frutos al Gobierno. El diario [Tiempo Argentino][1] reveló ayer que Repsol había contratado como lobistas a famosos periodistas argentinos y, sobre todo, a Alberto Fernández, el antiguo jefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) y ahora crítico con la gestión de la presidenta. Fernández constaba como "consultor" y cobraba desde octubre un sueldo de 25.000 pesos mensuales [unos 4.300 euros], según los datos que aporta el diario. Los responsables de comunicación de Repsol aseguraron ayer que desconocían por completo la existencia de ese contrato, ya que la comunicación en Argentina estaba en manos del grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi.

Ni el ataque contra Repsol ha terminado ni la expropiación parece haberle bastado al Gobierno. Una de las medidas empleadas ahora contra la petrolera consiste en enmarañar jurídicamente el caso de tal forma que el precio a pagar sea el mínimo posible.

En ese sentido, el interventor de YPF, el ministro de Planificación, Julio de Vido, anunció al día siguiente de la expropiación que las provincias petroleras estaban recabando pruebas de daños medioambientales supuestamente perpetrados por Repsol-YPF para denunciarla ante los tribunales. Ayer [afloraron en los medios denuncias ambientales][2] contra Repsol que llevaban años dormitando en los tribunales.

Durante los años en que De Vido solía cenar en el domicilio porteño de Brufau, el mismo donde el jueves tomaron tantas fotografías, nunca se le oyó quejarse de que Repsol contaminara el aire, las aguas o la tierra. Con el anuncio de las nuevas denuncias ambientales que se preparan contra la compañía, De Vido asume sin rubor que durante los nueve años en los que ha ejercido y ejerce como máximo responsable de la política energética descuidó la vigilancia del medioambiente.

No obstante, sus desvelos ecologistas sobrevenidos tras la expropiación del pasado lunes no parecen muy ambiciosos: se limita a exigir responsabilidades por los supuestos daños que Repsol haya podido ocasionar. Las multinacionales que explotan las minas a cielo abierto del país y cuya actividad ha provocado marchas y manifestaciones de asociaciones ecologistas en varias provincias no parecen molestarle.

No obstante, una amplia mayoría de los argentinos respaldan la expropiación. De acuerdo con el sondeo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), el 74% de los argentinos está de acuerdo con la decisión gubernamental. Otro sondeo publicado por el diario La Nación, enfrentado con el Gobierno, señalaba que solo el 31% de la población rechazaba la decisión del Ejecutivo.

[1]: http://cort.as/1ud4
[2]: http://cort.as/1ufW%20%20
Enclosure: http://ep00.epimg.net/economia/imagenes/2012/04/22/actualidad/1335123490_203467_1335123827_miniatura_normal.jpg

Enclosure: http://ep00.epimg.net/economia/imagenes/2012/04/22/actualidad/1335123490_203467_1335123827_noticia_normal.jpg

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