Wednesday, April 18, 2012

The weak flank

La idea de que los medicamentos se paguen en función de la renta y no de la situación laboral es una vieja reivindicación de cierto grupo de economistas. Ya se mencionaba en el _Informe Abril_, de 1991, apenas cinco años después de instaurado el actual sistema nacional de salud. La partida de lo que pagan las Administraciones por los fármacos que se dispensan con receta (11.000 millones anuales y bajando, según los últimos datos del ministerio) es la más visible de todas. De hecho, es la única que se cuantifica y se hace pública mes a mes, algo que no sucede con las compras de los hospitales, las nóminas o los costes de los procesos o los indicadores de eficacia y calidad del sistema, por ejemplo.

De hecho, no todos los pensionistas están exentos de pagar por sus fármacos. Los que han elegido el sistema de Muface, heredero de las viejas mutuas, pagan el 30% de los fármacos. Y algunos estudios apuntan a que ellos gastan, precisamente, un 25% menos en medicamentos, sin que parezca que su salud se haya resentido. Claro que, a cambio, pagan -pagaban- solo un 30% de los medicamentos cuando estaban en activo, en lugar del 40% del resto de los trabajadores.

Pero la idea siempre ha tenido críticas desde varios puntos de vista. La primera es de concepto. Porque los jubilados sí que pagan por su sistema sanitario, y ya lo hacen en función de su renta. Lo hacen cada vez que ponen gasolina, compran una barra de pan, con la parte del IRPF que se les descuenta de la pensión o cuando pagan la luz, porque la sanidad se paga con los impuestos que el Estado recauda en cada uno de los movimientos financieros. En definitiva, lo hacen en función de su declaración de la renta. Y en la del patrimonio. Y esto último es importante, porque este sistema tiene la ventaja, frente a fijarse solo en los ingresos, de que grava todo. Es decir, eso de que paga menos el pensionista que cobra 100.000 euros que el parado no es verdad. Seguramente el primero, si cumple con Hacienda, esté pagando mucho más. Lo que nos lleva a otro asunto: de nuevo el cambio beneficia a los defraudadores, que pagarán menos por sus medicinas.

La segunda crítica de gran calado es que penaliza a los enfermos. A igualdad de renta (o de pensión), detrae más dinero de quien necesite más medicamentos. Y esto es algo que el usuario muchas veces no puede evitar. Él no decide qué toma, sino que se lo manda el médico. Por último está la cuestión técnica. Al sistema de salud le ha costado diez años que las comunidades se hablen informáticamente. A ver cómo sale lo de meter ahora a Hacienda por medio.

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