Monday, April 23, 2012

To improve the invoicing of the tourists is the pending subject

Si existe un problema por el coste que supone para las arcas públicas la atención sanitaria a extranjeros en España no habría que buscarlo en la asistencia a las personas en situación irregular, como ha hecho el Gobierno. Especialistas como Alberto Infante, profesor de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, apuntan en otra dirección: la ineficiencia en el cobro de la atención prestada a los turistas y transeúntes —casi 57 millones visitaron España en 2011— por la red sanitaria pública.

Los inmigrantes sin papeles son un grupo relativamente poco numeroso (reducir su cobertura afectaría a 150.000 personas, según los cálculos de este diario) y con buena salud en general. Datos de la Junta de Andalucía, por ejemplo, indican que la atención en los centros de salud a estas personas en 2008 supuso el 0,69% del porcentaje total y un 2,5% de las urgencias. Con estos números, la medida anunciada por el Ministerio de Sanidad de restringir la atención a los extranjeros sin papeles y limitarla a las urgencias, los cuidados a los menores y a la atención al parto adolecería de un sólido argumento económico.

"Esto es el chocolate del loro", indica Alberto Infante, hasta hace año y medio director general de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad. Y ello, al margen de los problemas sanitarios que puede provocar dejar al margen a los irregulares de la red asistencial normalizada.

"El principal problema es que los centros no están facturando todo lo que se debería a los extranjeros", sostiene Infante, que cifra en cientos de miles de euros el dinero que se podría estar perdiendo por este sumidero. En 2010, España recibió 55,4 millones de euros por la atención prestada a los ciudadanos comunitarios, extracomunitarios y aquellos amparados por acuerdos bilaterales de colaboración, principalmente latinoamericanos. Esta suma es el saldo neto que resulta de cruzar los servicios que ofreció la red sanitaria española a los pacientes extranjeros con la atención que recibieron los españoles fuera de sus fronteras.

La cifra se ha incrementado notablemente a lo largo de los últimos años. En 2005, el saldo fue de 9,4 millones y en 2009 de 28 millones, prácticamente la mitad que en 2010. El propio Informe Anual del Sistema Nacional de Salud de 2010 de donde están obtenidos estos datos destaca que esta evolución "solo se puede atribuir a una mejora en los sistemas de gestión de facturación internacional".

Pero aún se puede avanzar en este camino. Infante destaca varios aspectos que frenan la facturación. Por un lado, los centros no ingresan en su caja las facturas que emiten, por lo que no ven compensado de forma directa el esfuerzo administrativo que les supone perseguir al paciente. Y, en ocasiones, ni lo intentan.

Ese dinero, como explica Infante, acaba en una partida estatal que el Gobierno reparte entre las comunidades autónomas dentro del Fondo de Cohesión Sanitario. Y ahí está el segundo problema. La fórmula de reparto no beneficia a las autonomías que más esfuerzo realizan en el control del gasto (las más turísticas).

El dinero se distribuye entre las autonomías con saldo positivo (las que atienden a más extranjeros que turistas envían fuera de España). Las comunidades con saldo negativo no reciben nada. Entre estas últimas está, por ejemplo, Madrid, a la que no le aporta ningún beneficio esforzarse por facturar a los extranjeros porque (por su saldo negativo) el dinero acabará en manos de las comunidades turísticas.

La otra cara de la misma moneda implica que la Comunidad Valenciana o Andalucía perciben menos fondos de los que les correspondería. Así, mientras Andalucía facturó en 2010 más de 26 millones por este concepto, cobró del fondo estatal 19,4, millones.

Al margen de este proceso de facturación está el Fondo de Residentes Permanentes. Por los extranjeros establecidos definitivamente en España (jubilados, por ejemplo) los países de origen pagan una cuota equivalente al gasto medio sanitario per cápita que le supone esta persona. Esta suma (cuyo saldo neto ronda los 400 millones de euros) se reparte proporcionalmente en función de los residentes registrados en las distintas comunidades autónomas.

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