Tuesday, April 17, 2012

Half of the interns BACKS WATER in them in 2011 were not expelled

En 2011, 13.241 extranjeros fueron internados en los [centros de internamiento de extranjeros][1] (CIE) españoles. De ellos, solo 6.825 (el 51,5 %) llegaron a ser finalmente expulsados, según un dato ofrecido esta mañana por el portavoz del grupo popular en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Conrado Escobar, que ha participado en unas jornadas sobre el futuro de los CIE organizados por el Consejo General de la Abogacía Española. Por lo tanto, casi 6.500 personas fueron privadas de libertad sin que la expulsión llegara a materializarse. El Gobierno nunca había dado una cifra oficial, y hasta el momento todo eran estimaciones o datos ofrecidos por las ONG sobre la efectividad de la medida de internamiento.

El comisario general de Extranjería, Emilio Baos, que ha participado en las jornadas, ha explicado que el problema de por qué no se expulsa a gente que está ya en el CIE tiene que ver sobre todo con la falta de documentación. "Para que se pueda organizar el retorno de alguien es necesario que esté reconocido como nacional por parte de las autoridades del país correspondiente, y muchas veces eso no es tan sencillo". La cuestión no es, por tanto, por qué esa gente no acaba siendo expulsada, lo que exige unos trámites concretos y precisos, sino por qué extranjeros de los que no se sabe si van a poder ser expulsados son internados, una medida excepcional cuya única finalidad es la expulsión.

Ahora que el Ministerio del Interior ultima un reglamento que regule el funcionamiento de los CIE, cobra especial relevancia la cuestión de en qué casos es necesario y proporcional recurrir a la medida de internamiento forzoso ante personas que han cometido una infracción administrativa, no tener los papeles en regla. ¿Cuándo conviene recurrir a una sanción máxima, como es la privación de libertad? ¿Se debe internar a personas sobre las que no se tienen garantías de su futura expulsión?

"Aparte de lo que regule el reglamento, es necesario que los jueces examinen con detalle el riesgo de que, ante un procedimiento de expulsión en marcha, el extranjero no comparezca y por tanto sea necesario internarlo", ha señalado durante la jornada Aitor Esteban, portavoz del grupo parlamentario vasco en la comisión de Interior del Congreso. "Hace falta que se estudie seriamente si en la práctica va a ser posible la expulsión o no". "Debe ser una medida excepcional", ha coincidido el portavoz del grupo parlamentario catalán, Antoni Picó i Azanza. "Si el 50% luego no son expulsados, entonces tenemos un problema". También ha criticado la eficacia de la medida, ante el dato aportado por Escobar, Ricardo Sixto, portavoz de Izquierda Plural, cuyo grupo cuestiona no solo el modo de funcionamiento de los CIE sino su propia existencia.

Las situaciones de los internos son muy diversas, ha explicado Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía. Dentro de los CIE hay personas que están inmersas en procedimientos penales. Otras, solo han cometido una infracción administrativa. Todos coexisten en el centro de internamiento y en las mismas estancias, lo que critican ONG, jueces, abogados y el [Defensor del Pueblo][2]. Las distintas organizaciones piden que, en todos los casos, y especialmente en aquellos en los que no hay ningún tipo de antecedente policial ni penal, se extremen las cautelas y no se proceda al internamiento sin tener claro que el procedimiento de expulsión tendrá éxito.

"El objeto de la medida de internamiento, según la directiva europea de 2008 sobre el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, es solo la expulsión", afirma Aguelo, que ha presentado hoy un informe del Consejo General de la Abogacía sobre el futuro de los CIE. "Por lo tanto, no debería haber debate a este respecto. El internamiento es el último medio a disposición de los estados miembros; solo puede obedecer al fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión; y la desaparición de la perspectiva razonable de expulsión implica la pérdida de justificación de la medida".

El Consejo General de la Abogacía considera que España no ha incorporado debidamente la directiva europea al derecho interno y que esta carencia ha supuesto una desprotección para los internos de los centros de internamiento. Los abogados piden que esta laguna se subsane en el futuro reglamento.

Un problema reciente, por ejemplo, se ha dado con el incremento del número de extranjeros sin papeles que entraron en 2011 por las fronteras de Ceuta y Melilla. Ante la saturación de los Centros de Estancia Temporal (CETI) —que no conllevan privación de libertad— de las dos ciudades autónomas, la solución que se ha dado es trasladar a estos extranjeros a los CIE de la península, muchas veces sin verificar antes si se daban las condiciones para que pudieran ser efectivamente expulsados. Se ha venido haciendo, en realidad, para no dejarlos directamente en libertad, no porque las autoridades consideraran que era viable hacerlos retornar a sus países en el plazo al efecto. Este fue el caso, por ejemplo, de los dos extranjeros recientemente fallecidos en los CIE de Madrid y Barcelona, Samba Martine y Idrissa Diallo.

[1]: http://www.interior.gob.es/extranjeria-28/regimen-general-189/centro-de-internamiento-de-extranjeros-208?locale=es
[2]: http://politica.elpais.com/politica/2012/01/25/actualidad/1327493916_219662.html
Enclosure: http://ep00.epimg.net/politica/imagenes/2012/04/17/actualidad/1334663606_813893_1334664201_miniatura_normal.jpg

Enclosure: http://ep00.epimg.net/politica/imagenes/2012/04/17/actualidad/1334663606_813893_1334664201_noticia_normal.jpg

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