Friday, April 27, 2012

The Government behind schedule explains to the victims this his plan of approach

El [plan de reinserción individual][1] del Gobierno para acercar al País Vasco [a presos etarras,][2] suavizando los requisitos que se exigían hasta ahora, pero sin eliminarlos totalmente, ha puesto en alerta máxima a las asociaciones de víctimas, un aliado tradicional de los Ejecutivos del PP. El presidente del Gobierno, [Mariano Rajoy,][3] y del ministro del Interior, [Jorge Fernández Díaz,][4] trataron ayer por todos los medios de calmarles, pero fue en balde. Esta tarde, las asociaciones tendrán más detalles sobre los planes del Gobierno para los reclusos de la banda terrorista, en una reunión en el Ministerio del Interior, que se celebrará a las cinco en Madrid.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ya avanzó ayer su postura. Calificó el cambio como "cortina de humo" que pretende "tapar un pago más a la banda para mantener vivo el proceso heredado de Zapatero". En la misma línea se manifestaron Dignidad y Justicia y el Foro Ermua. Es el momento más tenso entre el PP y las víctimas del terrorismo, que durante las dos legislaturas del PSOE se apoyaron para organizar más de media docena de grandes manifestaciones contra la política antiterrorista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ejecutivo busca un equilibrio complicado: contentar a quienes le pedían un gesto, como el PNV y el PSE, pero sin enfurecer del todo a las víctimas del terrorismo y a ciertos sectores de su propio partido —algo que no ha logrado—. Para ello, tanto el presidente del Gobierno, como el ministro del Interior, como el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, defendieron un mensaje imposible: decir que no había "ningún cambio en la política penitenciaria" y a la vez anunciar un nuevo plan para impulsar la reinserción.

El alcance real del cambio en las condiciones que se exigen a los presos para ser trasladados a Euskadi no se conocerá hasta que el programa empiece a llevarse a cabo, pero una cosa queda clara. Hasta este jueves, el Ejecutivo condicionaba los traslados a la disolución de la banda. Ya no.

Nanclares está agotada, en palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández. Es una vía "cegada". La política impulsada por el Gobierno socialista tras la ruptura de la tregua de ETA de 2006 ofrecía a los presos de ETA acercamientos a cárceles del País Vasco y beneficios penitenciarios a cambio de cumplir con las exigencias que el Código Penal incluye desde 2003 —rechazo de la violencia, desvinculación de la banda, perdón de las víctimas, pago de las indemnizaciones civiles y colaboración con las autoridades—. Pero dejó de ser eficaz tras [el comunicado de ETA de fin de la violencia][5] del pasado 20 de octubre. Hasta entonces, una veintena larga de presos —de los más de 500 de ETA en España— se habían acogido a esta vía. Desde entonces, nadie lo ha hecho. Los reclusos han confiado en que se produciría alguna negociación; en que habría alguna salida colectiva en forma de indultos, amnistía o, al menos, acercamientos generalizados; y han rechazado cualquier camino individual.

El plan de Interior, adelantado por Efe y detallado después por el Gobierno, pretende desbloquear la situación y dejar claras las reglas del juego a los reclusos. "No ha habido más presos que se hayan incorporado a esta vía después del comunicado porque ETA les ha engañado", ha señalado el ministro Fernández. "Queremos estimularlos para que vuelvan a esta vía. No va a haber medidas colectivas. A los reclusos, les digo que no hagan caso de lo que les dice ETA porque les está engañando. Solo va a haber reinserción individualizada". Este viernes, representantes del Ministerio del Interior y de Instituciones Penitenciarias, se reunen con las asociaciones de víctimas del terrorismo para presentarles el plan.

El nuevo programa, que se iniciará de forma inminente y que afectará también a otros internos por terrorismo y crimen organizado, está estructurado en dos fases. La primera, en el caso de los presos de ETA, consistirá en el acercamiento a prisiones vascas para asistir a determinados talleres si se adhieren al plan. En la segunda se podrán obtener ya beneficios penitenciarios como permisos, terceros grados y libertades condicionales. Los requisitos serán distintos en cada una de ellas —más suaves en la primera—.

En la primera fase es donde está el cambio con respecto a la política anterior. Las condiciones que el Ejecutivo socialista exigía para trasladar a los presos de ETA a Nanclares eran más duras: la desvinculación de la banda, el rechazo de la violencia, el perdón a las víctimas y hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus delitos. Es decir, se extendían las condiciones legales para acceder a beneficios penitenciarios a los acercamientos, a pesar de que las exigencias para los traslados no están fijadas en la ley, sino que dependen del Gobierno, que tiene manos libres en este campo.

El nuevo plan del PP limita esas exigencias a dos: el abandono de la banda y rechazo del terrorismo de forma "clara, solemne y pública", en palabras del ministro Fernández. Es decir, que no será necesario ni pedir perdón —hasta ahora se exigía una carta de perdón genérico, con el reconocimiento del daño causado— ni resarcir a las víctimas. Si cumple con los dos primeros requisitos el preso puede ingresar en el programa y empezar a acudir a las "aulas de convivencia" que se crearán en algunas prisiones —en un principio, en Euskadi o cerca, de ahí que el plan sea una forma de facilitar el acercamiento—.

Estas clases están inspiradas en los [talleres de convivencia][6] que el Gobierno socialista organizó entre octubre y noviembre de 2011 en Nanclares para [disidentes de ETA][7]. En las aulas se favorecerá la educación en valores y la capacitación socio-profesional para la inserción posterior en la vida laboral.

En la segunda fase del programa no hay cambios con respecto a la política actual. Para obtener beneficios penitenciarios las condiciones exigidas se mantienen. Están fijadas en la ley, y para modificarlas serían necesarias reformas legales que, por el momento, no se van a llevar a cabo.

Con esta decisión, Interior fija sus líneas maestras, al menos a corto plazo: no habrá acercamientos sin más —a diferencia de lo que ocurrió a finales de los noventa con el Gobierno de Aznar, que acercó al País Vasco a más de un centenar presos de ETA sin condiciones previas—, sino que habrá que cumplir ciertos requisitos. Eso sí, más suaves que los actuales.

Por otro lado, al expresar que el nuevo plan va más allá de la vía Nanclares, el Gobierno de Rajoy marca un camino propio y distinto —aunque en realidad sea muy similar— del creado por los socialistas y pone otro nombre a una política, la de Nanclares, totalmente estigmatizada dentro del colectivo de presos de ETA.

Sin embargo, y aunque retiren el requisito del perdón, el gran escollo seguirá siendo la petición de desvincularse de forma explícita de la banda. Para el ministerio se trata de una batalla a largo plazo, pero no será fácil. La izquierda _abertzale_ ha empezado a sugerir que al igual que ellos han cumplido la ley para estar en las instituciones, los presos podrían hacerlo para acceder a beneficios penitenciarios. Pero, por ahora, será complicado que los reclusos acepten apartarse de forma explícita de la organización. En función de cómo se aplique este requisito —aún por concretar— podrán lograr más o menos adhesiones.

[1]: http://politica.elpais.com/politica/2012/04/26/actualidad/1335423441_009524.html
[2]: http://cultura.elpais.com/tag/presos_eta/a/
[3]: http://cultura.elpais.com/tag/mariano_rajoy/a/
[4]: http://politica.elpais.com/tag/jorge_fernandez_diaz/a/
[5]: http://politica.elpais.com/politica/2011/10/19/actualidad/1319056094_153776.html
[6]: http://politica.elpais.com/politica/2012/02/07/actualidad/1328650235_134137.html
[7]: http://politica.elpais.com/politica/2012/02/07/actualidad/1328646465_063852.html

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