Monday, April 23, 2012

Fernandez alleges that she did not know the managements of Guerrero in Use

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha repetido esta mañana el desconocimiento que tenía de las gestiones que realizó su subordinado el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, en prisión preventiva, y que estuvo a sus órdenes durante cuatro años (entre 2004 y 2008). "Un desconocimiento total y absoluto", ha matizado uno de los abogados presentes en la cuarta jornada de la declaración judicial como imputado ante la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya.

Tras la extrema tensión del fin de semana, ha llegado la calma. Relativa, pero calma. El interrogatorio ha sido bastante sosegado, según han precisado los abogados presentes en la vista. Fernández ha contestado a unas 170 preguntas formuladas por la letrada del Partido Popular de un total de 212 cuestiones que tiene prevista esta acusación. La comparecencia del exconsejero culminará hoy, según el ritmo de preguntas, ya que el interrogatorio comenzó a las once de la mañana y solo restan de momento 42 preguntas del PP, otras del resto de acusaciones y las defensas, tras lo que se celebrará la vistilla y la juez redactará su auto para decidir si decreta algún tipo de medida preventiva contra el acusado.

Durante el interrogatorio del PP, el exconsejero ha mostrado su convencimiento de la legalidad del fondo para empresas en crisis, creado en 2001 y dotado con 647 millones hasta 2010, y que la juez considera ilegal. La letrada le ha preguntado por empresas como Samec o los ERE (expedientes de regulación de empleo) en grandes compañías como Heineken. Además, le ha interrogado por las ayudas millonarias que no pasaron por el Consejo de Gobierno y los expedientes que no llegaron desde la Dirección General de Trabajo hasta el consejo rector de la agencia Idea (pagadora de las ayudas).

Fernández ha dejado muchas preguntas sin contestar, y ha frenado una de las cuestiones cuando la abogada ha tildado la partida 31L de "fondo de reptiles", al puntualizar que no toleraba esa definición para un fondo aprobado por el Parlamento durante 10 años.

Otro abogado ha calificado el interrogatorio como "político", por la cantidad de preguntas de índole política e indirectamente relacionadas con la causa penal.
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