Friday, April 13, 2012

Count Roa must seven million Euros according to an expert report

Cuando Alberto Núñez Feijóo afirmó el jueves que Conde Roa estaba arruinado, sabía de lo que hablaba. En efecto, tal y como expuso el presidente de la Xunta, el alcalde de Santiago sufre en carne propia las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que se sumó de forma desmesurada durante los años de las vacas gordas a través de la empresa Geslander Proyectos de Edificación, de la que es único dueño y administrador. Ahora no solo debe los 291.000 euros que le reclama Hacienda por no declarar el IVA que cobró a los compradores de su vivienda, y que han provocado su imputación por presunto delito de fraude fiscal. Conde Roa adeuda asimismo más de siete millones de euros, la mayor parte a entidades financieras, según recoge un informe pericial en poder de la Audiencia Provicial de A Coruña.

Los datos contables y documentales que figuran en el informe revelan que Geslander carece ya de actividad. Su endeudamiento se lo reparten la constructora con la que trabajaba (más de un millón de euros) y entidades de crédito (más de seis millones de euros), de acuerdo con el extracto de balance de situación. Los apuros económicos se agravan por la problemática enajenación de los activos de la promotora, constituidos casi exclusivamente por pisos y locales ya construidos, cuyo valor cifra la sociedad en ocho millones de euros. Los informes que maneja la Audiencia Provincial forman parte de las pruebas de un caso relacionado con la separación de su primera esposa.

El informe pericial y las declaraciones fiscales aportadas por el propio Conde Roa, y que figuran en una sentencia, revelan que en los últimos años, los ingresos del alcalde de Santiago procedieron fundamentalmente de Geslander y de su actividad como abogado. En 2006, los rendimientos del trabajo netos percibidos de la promotora ascendieron a 127.000 euros, lo que constituía el 56,5% de sus ingresos, mientras que el resto procedía de su despacho profesional. El año 2007 marcó el inicio del declive, ya que los ingresos de Geslander y los de su actividad política, como concejal y diputado en el Congreso, sumaron 102.000 euros.

En 2008, los rendimientos netos del trabajo bajaron a 85.000 euros que, según una investigación patrimonial, proceden de unos ingresos brutos de 110.00 euros. Solo 24.000 procedían ya de la promotora inmobiliaria. En el siguiente año, en el que ingresó 88.000 euros, Conde Roa no reflejó ya ingresos derivados de Geslander, como tampoco constan en el año posterior.

Aunque la situación de la empresa ya era más que delicada y su actividad estaba en caída libre, Conde Roa usó fondos de la misma para "atenciones propias" por un importe de 72.000 euros. El alcalde alegó ante el juzgado que su necesidad de liquidez le llevó a tomar "como préstamo" dinero de su sociedad para atender deudas propias. Entre ellas, el ingreso de 40.000 euros para amortizar sus propios saldos deudores con una entidad de crédito. La sentencia añade: "Ante la situación de ausencia de recursos para atender sus deudas y sus gastos —personales o de la nueva familia que ha formado, con arreglo al nivel de vida que ha decidido mantener— [CONDE ROA] hace uso de fondos de la sociedad para afrontarlos, lo que en rigor no es sino constituir un nuevo pasivo".

Pese a que Conde Roa sostiene que en 2010 su empresa ya no tenía actividad, corresponde a ese año el ingreso de los 291.000 euros en concepto de IVA que el alcalde cobró a compradores de pisos, pero que no declaró. Así figura en los informes de Hacienda y sostiene el ministerio fiscal, que ha solicitado que se mantenga la condición de imputado para el alcalde. Será el próximo lunes cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, que instruye el caso, emita el auto en el que resolverá si el alcalde resulta formalmente imputado.

El Partido Popular está a la espera de que Vázquez Taín emita ese auto para decidir si abre un expediente informativo al alcalde compostelano, con lo que se descarta la posibilidad de reclamarle su dimisión. El encargado de instruir el caso será el presidente de la comisión de derechos y garantías del PP de Galicia, el diputado en el Congreso Celso Delgado Arce. Feijóo ha reiterado que su partido "será coherente con sus estatutos", que no prevén la expulsión más que en el caso de que se produzca una sentencia, y siempre después de estudiar cada caso de forma individual.
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