Thursday, April 19, 2012

The Charlines requests to the Xunta a harbor concession in Arousa

María Teresa Charlín Pomares, hija del narcotraficante Manuel Charlín e imputada junto al resto del clan familiar por blanquear dinero, ha solicitado a Portos de Galicia la legalización de una instalación industrial del cocedero de marisco Sochar, SL en Vilanova de Arousa, una empresa intervenida por la justicia desde julio de 2010. El encargado de resolver la petición, que supone una concesión pública, es un convecino, el también vilanovés José Juán Durán, presidente de Portos y hermano del alcalde del municipio, Gonzalo Durán, quien desconocía el expediente pero asegura que se opondrá a la solicitud. Portos y el regidor dicen que aplicarán la ley de la forma más exigente posible.

Teresa Charlín es la única hija de Manuel Charlín que fue absuelta en su momento por la Audiencia Nacional de blanquear dinero del narcotráfico, lo que le permitió eludir multas millonarias y recuperar parte de los embargos que pesaban contra el patrimonio del clan. Sin embargo, fue su alarde de dinero lo que motivó la apertura de otra investigación judicial por blanqueo que dio nombre a la operación policial Repesca, por la que toda la familia volvió a ser detenida hace dos años excepto el patriarca, que se ya estaba en la cárcel y fue también imputado.

La petición de Teresa Charlín que Portos acaba de desvelar consiste en la "legalización", según la Xunta, de tres tuberías de aspiración de agua del mar y desagüe para una depuradora de moluscos. La depuradora está justo fuera del dominio público portuario, pero los tubos cruzan ese espacio y su "legalización" se realizaría a través de una concesión a Charlín de esa parcela.

La ley establece que cualquier particular puede solicitar una concesión portuaria y que la Administración debe someterla a exposición pública por si choca con otros intereses. Es lo que está haciendo ahora Portos al exponer al público durante 20 días la petición de Charlín. Será tras las posibles alegaciones y recabados los informes pertinentes cuando Portos tenga que tomar la decisión de si entrega o no la concesión, para lo que dispondrá de ocho meses, según la ley.

La depuradora para cuyas conducciones se pide la concesión forma parte de Sochar, SL, una de las principales empresas del sector en manos de Los Charlines que había sido embargada por la Audiencia Nacional en 1997, cuando el clan estaba sumido en varios procesos por narcotráfico y blanqueo. La propiedad estaba a nombre de Teresa Charlín, administradora de la empresa desde 1992, y de su marido, el narcotraficante Carlos Somoza Miguens. Y tras el embargo volvió a manos de la familia cuando la hija de ambos, Natalia Somoza, pagó 800.000 euros por ella en una subasta pública.

Recuperada la propiedad, Teresa Charlín presentó su solicitud de concesión pública en 2009, según Portos. Su tramitación hasta ahora ha sido especialmente lenta, como admite el ente público. Tanto que en 2010, en el marco de la citada Operación Repesca en la que fue detenida, la depuradora le fue embargada nuevamente y ahora funciona alquilada a empresarios de la zona. Charlín, sin embargo, mantuvo su solicitud de concesión. Según Portos, "tuvo la posibilidad de renunciar en septiembre del año pasado, cuando se le pidió nueva documentación, pero siguió adelante y presentó los papeles".

Con la depuradora embargada, de poco le valdría hoy a Charlín obtener el terreno público para los tubos que la abastecen. Pero la situación podría variar si el proceso judicial que llevó al embargo se resuelve de forma favorable a sus intereses y recupera por tercera vez la depuradora. Entonces dispondría de un derecho otorgado por la Administración. Ante esta situación, Portos señala que la concesión podría paralizarse en una siguiente fase en la que Charlín ha de certificar que no tiene deudas con la Administración.
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