Thursday, April 19, 2012

Been born it will not compute like a son in the aid to the house

"Nos atacan por ayudar a las mujeres a decidir libremente", se quejó ayer en el Parlamento la secretaria general de Igualdade, Susana López Abella. La decisión que la Xunta quiere proteger no es la de interrumpir el embarazo. La prioridad es apoyar a las mujeres que deciden seguir adelante con él, siguiendo los planteamientos de la ultracatólica Red Madre recogidos en la primera ley que tramitó el Parlamento en esta legislatura, a través de una iniciativa legislativa popular de apoyo a la mujer embarazada.

En cumplimiento de esa ley, que entre otras disposiciones obliga a la Xunta a realizar campañas de sensibilización "destinadas a la protección del derecho a la vida en formación", se parte del reconocimiento de que existe vida humana y nacen derechos como persona desde la gestación, lo que motivó duras críticas jurídicas del Consello Económico e Social. La ley permite declarar a la mujer gestante como "unidad familiar", e incluso considerar al nasciturus un miembro más de la familia, como anunció ayer López Abella que ocurrirá en la concesión de ayudas en materia de vivienda.

En palabras de la secretaria de Igualdade, se trata de "valorar la vida en formación como un miembro más" de la familia, en el cómputo de los requisitos para las ayudas. Para ello, la Xunta modificará próximamente el decreto en el que se recogen esas prestaciones en materia de vivienda, según anunció López Abella en comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Rosa Oubiña. La secretaria general se despidió lamentando la falta de apoyo de PSdeG y BNG a la ley de apoyo a la mujer embarazada, que consideró "partidista". Oubiña afirmó que, gracias a la Xunta, ser madre "dejará de ser un lastre para convertirse en un valor". "Permitirá mantener la independencia de las mujeres que quieren ser madres", añadió.

La medida anunciada ayer forma parte del plan integral de apoyo a la mujer embarazada 2012-2014, aprobado por la Xunta el pasado mes de enero en cumplimiento de la ley que surgió por iniciativa de Red Madre. El objetivo del plan es "poner a disposición de las gestantes un abanico de recursos sociales, sanitarios y educativos que garanticen el derecho a la maternidad", según López Abella.

Entre las 49 medidas del plan, la secretaria destacó que tres tienen como objetivo la protección de madres menores de edad y que otras tantas se centran en las embarazadas que aún cursan estudios, mientras que un bloque de cuatro atiende a aquellas mujeres en situación de incapacidad o con discapacidad. Otras 19 están orientadas a ofrecer información a las gestantes y 13 más, a darles prioridad para acceder a las prestaciones. Las inmigrantes contarán con dos medidas de apoyo, al igual que la integración familiar, y la Red de Apoyo a la Embarazada dispone de tres actuaciones.

El plan se caracteriza por "dar prioridad a las gestantes en las ayudas de carácter social, prestar atención específica a los colectivos más desfavorecidos o con mayores dificultades para llevar el embarazo a buen término e intensificar la información sobre los recursos existentes", agregó López Abella.

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